Sí, con condiciones. Consultar información que cualquier persona puede encontrar en una búsqueda normal, sin acceder a datos privados ni sistemas protegidos, está dentro de lo que permite la normativa. Lo que no se puede hacer es basar una decisión de contratación en datos de categoría especial (ideología, religión, salud, vida personal) aunque estén en abierto, ni hacerlo de forma desproporcionada al puesto. La proporcionalidad y el registro de fuentes son lo que hace que el proceso sea defensible.